Los problemas de los arrendadores se profundizan a medida que la prohibición estatal de desalojos protege a los inquilinos que no pagan

Jon Hurdle, Contributing writer | 28 de septiembre de 2020 | En Español
Algunos inquilinos son desalojados pese a las medidas, por propietarios desesperados por obtener ingresos durante la pandemia
Credit: Bart Everson from Flickr (CC BY 2.0)
Foto de archivo: Desalojo

28 de septiembre de 2020

En la crisis de las viviendas de alquiler creada por la pandemia en Nueva Jersey no hay ganadores.

Los inquilinos, que no pueden pagar el alquiler porque perdieron sus trabajos o se enfermaron con el virus, están acumulando miles de dólares en deudas por alquileres impagos que eventualmente los llevará a ser desalojados; algunos están siendo desalojados actualmente por propietarios sin escrúpulos que están ignorando la moratoria estatal sobre los desalojos durante la emergencia de salud estatal.

Los arrendadores, que no han recibido ingresos durante meses pero que no pueden desalojar a los inquilinos que no pagan, enfrentan graves dificultades para pagar las hipotecas y los impuestos de la propiedad, aplazan las labores de mantenimiento de sus propiedades y, en algunos casos, están considerando declararse en quiebra.

Y los gobiernos estatales y locales se enfrentan a un déficit importante en los ingresos provenientes de las propiedades de alquiler que puede obligarlos a depender mucho más de los ingresos de propietarios de viviendas particulares.

“La situación es muy mala y está empeorando”, dijo Derek Reed, abogado de la Asociación de Dueños de Propiedades de Nueva Jersey, que representa en su mayoría a pequeños propietarios de viviendas de alquiler. “Recibo llamadas casi todos los días de pequeños propietarios que están alquilando la otra mitad de su dúplex y el inquilino ha dejado de pagar el alquiler, que es el 100 por ciento de sus ingresos por alquiler, y se preguntan qué pueden hacer. Tengo que darles la mala noticia de que no hay mucho que puedan hacer en este momento”.

Reed estimó que los propietarios más grandes están experimentando una reducción de hasta un 30% en sus ingresos por alquiler y no tienen ninguna compensación.

“Ley del Pueblo” ayudaría a los inquilinos

También criticó un proyecto de ley que actualmente discute el Senado estatal que daría a los inquilinos mucho más tiempo para pagar el dinero que deben por retrasos en el pago del alquiler.

La legislación, que los partidarios llaman el proyecto de “ley del pueblo”, requiere que los propietarios ofrezcan a los inquilinos que no hayan pagado el alquiler durante la pandemia un plan de pago de hasta seis meses para pagar cada mes adeudado en concepto de alquiler atrasado, con el total de los atrasos pagaderos en 30 meses.

Reed dijo que el proyecto de ley favorece injustamente a los inquilinos a expensas de los propietarios. “No es la ley del pueblo, es la ley de los inquilinos porque los propietarios quedan fuera de la ecuación, teniendo que otorgar préstamos sin intereses que pueden o no ser pagados ​​durante un período de tiempo prolongado”, dijo.

Desde marzo, a los propietarios de viviendas de alquiler, pequeños o grandes, se les ha impedido desalojar a los inquilinos que no pagan la renta por una orden ejecutiva del gobernador Phil Murphy que permite a los inquilinos permanecer en sus casas hasta dos meses después de que termine oficialmente la emergencia de salud.

Forzando a los inquilinos a abandonar sus hogares

Cualquier cosa que suceda, los defensores de los inquilinos predicen una avalancha de desalojos iniciada por los propietarios que están desesperados por encontrar inquilinos que paguen la renta y han estado solicitando órdenes de desalojo ante los tribunales durante la pandemia, aunque los tribunales actualmente no pueden hacerlas cumplir mientras la moratoria este en vigor.

En julio, un informe de una consultoría realizado para organizaciones que defiende a los arrendatarios, pronosticó que podría haber unos 304.000 desalojos durante los siguientes cuatro meses, un aumento del 600% sobre los niveles previos a la pandemia, a menos que se tomen medidas de protección. Los tribunales de Nueva Jersey han recibido casi 35.000 solicitudes de desalojo desde marzo hasta finales de agosto, un número que los defensores de los arrendatarios predicen que aumentará drásticamente cuando finalice la moratoria.

Algunos inquilinos ya se enfrentan a desalojos “de facto” por parte de propietarios que intentan deshacerse de ellos mediante el acoso, ofreciéndoles perdonar el alquiler impago a cambio de que desocupen inmediata la unidad, o incluso cambiando las cerraduras y dejándolos fueras de sus hogares.

La’Condria Burley, un madre soltera con dos hijos, recientemente se encontró en un situación en la que no podía entrar en su apartamento en Jersey City ya que el arrendador cambió la combinación de la clave en el teclado de la puerta mientras ella se encontraba fuera y saco sus pertenencias a la acera de la calle.

Burley, de 31 años, y sus hijos, de 4 y 6 años, pasaron dos noches durmiendo en un automóvil que había alquilado porque el suyo había sido embargado después de que no pudo pagar las cuotas del vehículo. En marzo, Burley perdió su trabajo como especialista en reembolsos en una empresa farmacéutica debido a la pandemia y no ha podido pagar el alquiler desde junio.

Burley le dijo al propietario que no tenía dinero para pagar el alquiler, y al principio, el arrendador se mostró comprensivo, pero luego la dejó en la calle sin darle explicaciones, afirmó.

“Me dijo que cambió las cerraduras y que las pertenencias de mi familia estaban fuera de la casa”, dijo en una entrevista con NJ Spotlight News. “Yo sabía por qué, pero él no dijo el por qué”.

Después de dos días conduciendo y durmiendo en el automóvil, la familia regresó al apartamento gracias a una orden judicial obtenida por Amy Albert, abogada de The Waterfront Project, una organización sin fines de lucro que brinda asesoramiento y representación legal gratuita para los pobres en el condado de Hudson.

“El juez estaba consternado y dijo que si el propietario no le permitía a Burley regresar a su casa, sería arrestado”, dijo Albert.

Es probable que el condado intervenga para ayudar

Actualmente, hay una buena posibilidad de que el alquiler de $ 1,850 al mes sea pagado por un programa de asistencia del condado de Hudson financiado por la ley federal CARES, dijo Albert, pero el trauma de esta familia podría haberse evitado si el propietario hubiera reconocido que existía ayuda disponible en estos casos.

“Ninguno de los dos se quedaría sin dinero; el problema es que hay un proceso y su arrendador no fue respetuoso con el proceso ”, dijo.

Michael Pastacaldi, abogado del propietario, no devolvió las llamada telefónica para ofrecer comentarios.

Este desalojo ilegal no es una representación legítima de la comunidad de propietarios, y tales acciones deben informarse rápidamente a las autoridades, dijo David Brogan, director ejecutivo de la Asociación de Apartamentos de Nueva Jersey, que representa principalmente a los grandes propietarios de viviendas de alquiler.

“Cualquier inquilino que sea expulsado por la fuerza por no pagar el alquiler debe llamar a la policía local”, dijo. “La desafortunada realidad es que hay señores de los barrios marginales que hacen cosas ilegales y poco éticas y pintan la industria con una imagen negativa”.

Dificultades financieras en ambos lados

Aún así, Brogan pidió a los defensores de los inquilinos que comprendan que la pandemia está causando dificultades financieras importantes tanto a los propietarios como a los inquilinos, y dijo que algunos propietarios más pequeños enfrentan una posible quiebra.

“Tiene que haber un reconocimiento por parte de los propietarios de que los inquilinos están enfrentando problemas, y debe haber un reconocimiento por parte de los inquilinos de que los propietarios están enfrentando problemas”, dijo. “Muchas veces, los defensores de los inquilinos crean una relación de confrontación entre propietarios e inquilinos. El objetivo aquí no es elegir un enemigo; el enemigo es el virus ”.

La única solución real, dijo, es la asistencia para el pago del alquiler por parte de los gobiernos estatales o federales, lo cual permitiría a los inquilinos permanecer en sus hogares y restaurar los ingresos de los propietarios.

Sin esa ayuda, algunos propietarios irán a la quiebra, la oferta de viviendas asequibles disminuirá y los ingresos por impuestos a la propiedad se desplomarán porque estos se evalúan sobre la base de los ingresos operativos de una propiedad, que en algunos casos simplemente desapareció debido a la pandemia, señaló Brogan.

Afirmó que recibe constantemente pedidos de ayuda de pequeños propietarios cuyas propiedades representan sus ahorros para la jubilación o los pagos para las universidades, pero cuyos ingresos se han reducido a cero porque los inquilinos no pueden pagar los alquileres.

“Recibo todo el tiempo llamadas de personas que están literalmente llorando porque los ahorros de toda su vida lo destinaron para comprar un triplex o un edificio pequeño de seis o 10 unidades y ahora el 50 por ciento o más de los inquilinos no están pagando el alquiler, y ellos no pueden cumplir con sus obligaciones”, dijo.

Aplazar los impuestos a las propiedades

Una solución parcial, dijo, sería que los gobiernos locales perdonaran o aplazaran los pagos de impuestos a la propiedad, al menos hasta que se restablezcan los ingresos de los propietarios.

“Es completamente injusto decirle a un pequeño propietario que estamos implementando políticas que eliminan su flujo de ingresos, pero al mismo tiempo, si no proporciona los pagos completos y puntuales en los impuestos a la propiedad, vamos a poner un gravamen en su propiedad”, dijo.

Aunque la orden de Murphy prohíbe los desalojos durante la pandemia, los propietarios aún pueden presentar solicitudes de órdenes de desalojo ante los tribunales, y muchos lo han hecho con la esperanza de encontrar inquilinos que paguen cuando se levante la orden, o que se pueda llegar a un acuerdo negociado por el tribunal antes de que eso suceda.

Una de esas órdenes de desalojo fue solicitada en julio contra Mildred Ventura, quien alquila un apartamento de tres habitaciones en Jersey City para ella y sus dos hijos y no ha podido pagar el alquiler desde mayo, cuando se infectó con COVID-19.

El virus la obligó a dejar sus trabajos como cajera en dos supermercados locales, lo que redujo su ingreso mensual de $1,800, antes de los impuestos, a cero y la obligó a tratar de llegar a un acuerdo con la propietaria. Pero esta rechazó la petición de Ventura y ahora ha recurrido al acoso en un intento de obligarla a desalojar el apartamento, dijo.

“Ha sido muy grosera”, dijo Ventura. “Ella ha dicho que no siente lástima por mi enfermedad, que ella tiene facturas que pagar. Ha sido horrible la forma en que ha estado actuando porque solicitó una notificación de desalojo”.

Ventura señaló que le dijo a la propietaria que usara su depósito de seguridad para pagar un mes de alquiler, pero la propietaria dijo que nunca había cobrado el cheque del depósito y que ya no era posible para ella usar ese dinero.

“Ella no quería ningún acuerdo”, dijo Ventura. “Ella solo quería que me fuera”.

Poner a los vecinos contra los vecinos

Incapaz de desalojarla, la propietario ahora parece estar tratando de obligarla a irse contándole a los vecinos los problemas de salud que ha padecido Ventura para que estos se pongan en contra de ella, dijo.

“Ahora, cuando entro o salgo de la unidad, dicen cosas como ‘Hazte a un lado antes de que nos contaminemos’”, dijo.

Ventura, de 39 años, se está recuperando del virus, pero todavía tiene problemas para respirar y no puede trabajar porque tiene que asistir a citas semanales con un neumólogo. No espera volver a trabajar hasta febrero.

Sus problemas se vieron agravados por la denegación de los beneficios estatales por desempleo con el argumento de que, en su lugar, tenía que solicitar pagos por discapacidad. Sin ahorros, se está alimentando a sí misma y a sus hijos, de 16 y 12 años, con $ 297 al mes que recibe en cupones de alimentos y lo que pueda obtener de un banco de alimentos local.

Albert, de The Waterfront Project, que representa a Ventura, dijo que existe la  posibilidad de que el condado pague lo que adeuda en alquiler y los pagos a futuro de Ventura hasta que ella pueda recuperarse. Pero acusó al propietario de tratar mal a su cliente.

“La combinación de lidiar con COVID-19 y la posibilidad de perder su hogar realmente destaca lo que Mildred tiene que decir”, dijo.

“Los propietarios no están en el negocio de desalojar a los inquilinos”

Pero las tácticas de esa propietario no son representativas de la industria, que necesita mantener a sus inquilinos incluso en las tensas circunstancias actuales, dijo Reed, representante de la Asociación de Dueños de Propiedades de Nueva Jersey.

“Los propietarios no están en el negocio de desalojar a los inquilinos”, señaló. “En realidad, es contrario a su modelo de negocio. El objetivo real aquí es mantener a las personas en sus hogares, y también ayudar a que los propietarios reciban los pagos de manera oportuna, no agobiar a los propietarios obligándolos a otorgar préstamos sin intereses de una manera que sería insostenible, debe proveerse una ayuda directa con el pago del alquiler que beneficie a los inquilinos que están atrasados con los pagos de las rentas y ayude a los propietarios a continuar manteniendo y operando estas opciones de vivienda tan necesarias”.

This translation was provided by Reporte Hispano in partnership with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is supported with funding the Geraldine R. Dodge Foundation. The story was originally written in English by NJ Spotlight News.

Esta traducción fue proporcionada por el Reporte Hispano en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo de la Fundación Geraldine R. Dodge. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ Spotlight News.